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Granado
se muestra partidario de que la
futura prestación por paro de
los autónomos no sea obligatoria
para todo el colectivo
El
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales quiere suscribir en 2007
algo más de media docena de
convenios específicos con
comunidades autónomas para estudiar
qué patologías son las que se dan
con más frecuencia en las bajas por
incapacidad temporal (IT) derivadas
de enfermedad.
Durante su comparecencia en la
Comisión de Presupuestos del
Congreso, el secretario de Estado de
la Seguridad Social, Octavio
Granado, explicó hoy que los
llamados riesgos psicosociales
(cuadros de estrés, ansiedad, etc.)
están teniendo actualmente una
especial incidencia en las bajas por
enfermedad.
De momento, señaló Granado, ya se
han firmado tres convenios de estas
características con tres comunidades
(Extremadura y las dos Castillas), y
se espera que a lo largo del próximo
ejercicio se firmen otros siete u
ocho acuerdos de esta naturaleza con
otras regiones españolas.
Los objetivos de estos convenios son
tres. Por un lado, Trabajo quiere
ver si, estudiando las patologías
más frecuentes en la IT, se puede
mejorar el control del gasto en
estas prestaciones. En segundo
lugar, Trabajo pretende averiguar si
podrían realizarse acciones para
prevenir dichas patologías y, por
último, quiere evitar situaciones de
fraude o "picaresca" en las bajas
por IT, especialmente cuando se
trata de síntomas que pueden
"fingirse".
Además de estos convenios
específicos, Trabajo tiene suscritos
otros acuerdos con las CC.AA. para
controlar el gasto en prestaciones,
acuerdos que, según Granado, están
ejecutándose adecuadamente y dando
buenos resultados, pues el ritmo de
crecimiento del gasto se está
desacelerando hasta cerca del 6%.
En cuanto a la ejecución de este
año, Granado destacó que el gasto en
IT por parte de las entidades
gestoras de la Seguridad Social se
situó, a 30 de septiembre, 90
millones de euros por debajo de la
previsión presupuestaria.
En este sentido, destacó que 2006
será "la primera vez en muchos años"
en que el gasto final se ajuste a lo
presupuestado en el ámbito de las
entidades gestoras. Para 2007,
añadió Granado, el objetivo es
lograr el equilibrio en las mutuas
de accidente, entidades que también
gestionan las bajas por IT.
"BLINDAR" LA SEPARACIÓN DE FUENTES.
Durante su comparecencia, Granado
recordó que, en 2007, la aportación
que efectuará el Estado para
financiar los complementos a mínimos
será de 1.800 millones de euros.
Esta cantidad aún no cubre la
totalidad del gasto en estos
complementos, que deben ser
financiados a través de la
imposición general por su naturaleza
no contributiva.
No obstante, Granado señaló que más
que la aportación que realiza el
Estado para financiar estos
complementos, lo que más le interesa
es "mantener absolutamente blindada"
la separación de fuentes, de manera
que con el dinero de las
cotizaciones sociales no se paguen
prestaciones no contributivas.
Además del pago de los complementos
a mínimos, el Estado arrastra una
serie de "deudas" con la Seguridad
Social que aún no ha asumido. Pero
tampoco la Seguridad Social ha
devuelto al Estado los préstamos que
le concedió en los 90 para financiar
el sistema sanitario.
Para poner orden en este galimatías
"contable", Granado indicó que hay
negociaciones abiertas con el
Ministerio de Economía a fin de
encontrar una solución "global" al
problema. "Lo razonable es buscar
una fórmula conjunta para la
financiación de los complementos a
mínimos que tenga en cuenta el
balance patrimonial de la Seguridad
Social", apuntó.
UNA VIDA LABORAL MÁS LARGA.
Durante su exposición, el secretario
de Estado de la Seguridad Social
también se refirió a la necesidad de
ir a carreras laborales lo más
amplias posible. "No estamos
hablando de prolongar la vida
laboral, sino de que quien ha
empezado a trabajar más tarde, tenga
que trabajar el mismo tiempo que
generaciones anteriores para tener
los mismos derechos", precisó.
En este sentido, explicó que, antes,
las personas empezaban a trabajar a
los 16 años, con lo que al final de
su vida laboral, había cotizado más
de 40 años al sistema. Ahora, dijo,
los jóvenes empiezan a trabajar más
tarde, a los 20 ó 25 años, por lo
que sus carreras de cotización serán
más cortas.
En otro orden de cosas, y preguntado
por el sistema de cese de actividad
que se estudia implantar para los
autónomos, Granado opinó que dicho
sistema "no debe ser obligatorio"
para el conjunto de los tres
millones de autónomos, dada la
heterogeneidad del colectivo.