Gómez señala que la prevención
ha de ser el "eje vertebrador"
de la competitividad de las
empresas
El secretario general de Empleo,
Valeriano Gómez, aseguró hoy que
Inspección de Trabajo pondrá en
conocimiento de la Fiscalía
General del Estado a partir de
principios de noviembre todas
las actas de accidentes
laborales graves o mortales de
las que puedan derivarse
responsabilidades de orden
penal, para que ésta las analice
y decida la apertura de procesos
judiciales.
Gómez, que participó en el acto
de clausura de la Semana Europea
para la Seguridad y Salud en el
Trabajo, organizada por la
Fundación para la Prevención de
Riesgos Laborales, precisó que
esta medida está enmarcada en la
Estrategia de Seguridad y Salud
en el Trabajo, que actualmente
negocia el Gobierno con los
agentes sociales.
Otra de las medidas incluidas en
la estrategia indicada por Gómez
es un sistema de bonificaciones
para aquellas pymes que obtengan
mejores resultados en sus
niveles de siniestralidad, vayan
más allá de sus obligaciones
legales en esta materia o pongan
en marcha servicios de
prevención propios. En este
caso, estas empresas obtendrán
una reducción porcentual en la
cotización en la contingencia de
accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales
"durante un tiempo determinado".
En declaraciones a los
periodistas, Gómez señaló que
aún no se ha precisado la
cuantía de estas reducciones, ni
tampoco en qué momento se
pondrán en marcha, ya que el
calendario de la estrategia, que
tendrá una vigencia de cuatro
años, aún no ha sido
establecido. No obstante, sí
concretó que ésta contemplará
medidas inmediatas, a medio y a
largo plazo.
Asimismo, el secretario general
de Empleo señaló que aquellas
pymes que dispongan de un
trabajador específicamente
encargado de la prevención de
riesgos laborales tendrán una
reducción de la cuota por
accidente laboral o enfermedad
profesional que la empresa paga
por él, en este caso, mediante
una cantidad a tanto alzado.
El primer documento sobre la
Estrategia de Salud y Seguridad
en el Trabajo ha sido entregado
recientemente por el Gobierno a
los interlocutores sociales,
quienes lo están estudiando
estos días.
Este documento será aprobado por
las partes, según las
previsiones del Gobierno, a
mediados del mes de diciembre.
Hasta entonces, y a partir del
próximo 8 de diciembre, el
Ejecutivo se reunirá con los
agentes sociales una vez por
semana, de forma que tendrán
lugar cuatro encuentros en el
mes de noviembre y otros dos en
en diciembre.
DE LA PREVENCIÓN A LA
COMPETITIVIDAD
Por otro lado, Gómez señaló que
uno de los objetivos de la
estrategia que se está
negociando es lograr una "cambio
cultural" en el seno de las
empresas, de forma que la
prevención sea "el eje
vertebrador de su
competitividad".
Con este objetivo, el plan
global contra la siniestralidad
incluye medidas directamente
dirigidas al empresario en los
ámbitos del fomento de la
integración de la prevención,
equilibrando la utilización de
recursos propios y ajenas, la
limitación de la carga
administrativa asociada al
cumplimiento de obligaciones
preventivas en el ámbito de la
microempresa, combinando el
control normativo de las
autoridades laborales con
medidas de apoyo financiera y de
asistencia, y fomentando un
mayor compromiso de los
trabajadores y sus
representantes en las acciones
preventivas.
Además, el secretario general de
Empleo determinó como otro de
los ejes clave de la estrategia
la aportación de más
instrumentos en la lucha contra
los accidentes laborales, algo
que vino a calificar de "impulso
renovado de las políticas
públicas".
En este sentido, aseguró que la
nueva estrategia multiplicará la
capacidad financiera del propio
Instituto Nacional de Seguridad
e Higiene en el Trabajo.
En la misma línea, Gómez puso
énfasis en los esfuerzos que se
desarrollarán en los ámbitos de
la información y la
investigación, con el fin de
conocer mejor las causas de los
accidentes y poder enfocar mejor
las acciones preventivas.
Para ello, la estrategia
contempla la creación de un
observatorio, que estará
operativo desde el próximo año,
y que recabará información útil
para orientar las políticas
preventivas y para evaluar los
resultados de las mismas.
Gómez se mostró tajante al
señalar que el Gobierno
"perseguirá un acuerdo en esta
materia hasta el final", algo
que, aseguró, "no será un
objetivo fácil", aunque sí
necesario dados los
"inadmisibles" niveles de
siniestralidad.