El organismo afirma que la promotora y las subcontratistas no tomaron las medidas de prevención adecuadas

   La Inspección de Trabajo ha pedido multas que suman 1,14 millones de euros para la empresa promotora y las subcontratistas de la obra del barrio barcelonés de Poblenou en la que el pasado mes julio murieron cinco operarios, al entender que incumplieron "las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los obreros a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo".

   El siniestro, en el que murieron dos obreros españoles y tres pakistaníes y otro resultó herido de gravedad, se produjo sobre las 15.30 horas del pasado 27 de julio, cuando un antiguo muro de contención que no estaba apuntalado se desplomó sobre la zanja de canalización en la que estaban trabajando los operarios para la construcción de una galería de servicios, por donde debía discurrir la instalación de las líneas eléctricas y de agua, gas y telecomunicaciones de todo el distrito 22@.

   A pesar de que la empresa encargada de construir el complejo de oficinas era Norbella (Habitat), sólo uno de los operarios fallecidos trabajaba directamente para ella. Los tres pakistaníes eran empleados de Brendom Construcción 2004, empresa subcontratada por FSI Obras y Servicios, y el quinto obrero, pertenecía a la plantilla de Estructuras Gavà (del Grupo Galasa).

   Según el informe de la Inspección de Trabajo, al que ha tenido acceso Europa Press, el muro que se derrumbó trabajaba a compresión entre dos capas de tierra y, al retirarse una de ellas con la excavación, se perdió uno de los puntos de compresión, "sin que éste fuera sustituido por un elemento de entibación o blindaje adecuado" que garantizase "la estabilidad y solidez" de la pared desplomada.

   De dicha conclusión se desprende "que el empresario incumplió su obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo".

   Además, para la Inspección de Trabajo, "se constata que el empresario incumplió la disposición de que, en los trabajos en excavaciones, deberán tomarse las medidas necesarias para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras mediante sistemas de entibación, blindaje, apeo, taludes y otras medidas adecuadas".

   El informe también hace referencia al plan de seguridad y salud de la obra elaborado por la empresa Norbella, donde "no se contempla la realización de una galería de servicios ni se recoge la forma de realizar la excavación, sino que, en general, se hace referencia a los riesgos y medidas preventivas en la fase de movimiento de tierras".

INFRACCIONES "MUY GRAVES".

   Por todo ello, la Inspección de Trabajo ha decidido extender acta de infracción "muy grave" tanto a Norbella como al resto de empresas por "no adoptar cualesquiera de las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo, en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad de los trabajadores".

   En este caso, el organismo propone una multa de 300.506,06 euros para Norbella; de 540.000 euros para Brendom Construcción 2004, apreciando la responsabilidad solidaria de Norbella y FSI Obras y Servicios; de 90.000 euros para FSI, con la responsabilidad solidaria de Norbella; y de 180.000 euros para Estructuras Gavà, con la responsabilidad solidaria de Norbella y Cegari (también del Grupo Galasa).

   En lo que respecta a Norbella, la Inspección de Trabajo considera que la promotora de la obra también ha cometido una infracción "por incumplir la obligación de elaborar el plan de seguridad y salud en el trabajo, con el contenido establecido en la normativa de prevención de riesgos laborales".

   "En particular --señala el informe-- por carecer de un contenido real o adecuado a los riesgos específicos para la seguridad y salud de los trabajadores de la obra o por no adaptarse a las características particulares de las actividades o los procedimientos desarrollados o del entorno de los puestos de trabajo". En este caso, el organismo propone una sanción de 6.010,13 euros.

   En el caso de Brendom, la Inspección de Trabajo confirma que dos de los tres trabajadores pakistaníes que fallecieron mientras trabajaban para la empresa utilizaban una documentación que no se correspondía con sus verdaderas identidades.

   Además, el organismo aprecia "otras infracciones en materia de seguridad y salud laboral, en concreto, no designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de protección y prevención en la empresa o no organizar o concertar un servicio de prevención cuando ello sea preceptivo".

   Según el informe, la empresa tampoco ha llevado a cabo "una investigación en el caso de producirse daños a la salud de los trabajadores o de tener indicios de que las medidas preventivas son insuficientes" y no ha informado "a la autoridad laboral, conforme a las disposiciones vigentes, de los accidentes de trabajo ocurridos y de las enfermedades profesionales declaradas cuando tengan la calificación de graves, muy graves o mortales", por lo que se enfrenta a una sanción de 13.522,80 euros.

   La Inspección de Trabajo aún propone otras dos multas para Brendom Construcción 2004, de 12.046,79 y 300,52 euros, por contratar a trabajadores extranjeros "sin haber obtenido con carácter previo la correspondiente autorización de trabajo" y "por no solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que ingresen a su servicio", respectivamente.

SATISFACCIÓN DE CC.OO.

   Tras conocer las conclusiones del informe de la Inspección de Trabajo, el letrado que ejerce la acusación popular en representación del sindicato CC.OO, Alfred Bienzobas, se mostró satisfecho por las sanciones propuestas por el organismo y porque "se han ido confirmando todas las tesis que nosotros mantenemos desde el principio".

   En declaraciones a Europa Press, el abogado explicó que, aunque las sanciones "no compensan la pérdida de los obreros fallecidos", suponen "un llamamiento serio a la prevención por la que deben abogar las empresas de la construcción".

   Bienzobas señaló que "necesitamos un gran cambio en este sector" y pidió "un pacto nacional contra la precariedad y la siniestralidad en el que se impliquen la Administración y los empresarios para cambiar las condiciones de trabajo en la construcción".