Los sindicatos votaron en contra del dictamen porque la Comunidad de Madrid no incluye las sanciones impuestas en vía administrativa

   El Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES) recomendó que la publicación de los nombres de las empresas sancionadas por infringir la normativa de prevención de riesgos laborales se limitara a las que hubieran incurrido en infracciones muy graves, según figura en el informe preceptivo, no vinculante, emitido por dicho órgano consultivo sobre el proyecto de decreto redactado por el Gobierno regional.

   En el dictamen del CES, al que tuvo acceso Europa Press, se considera positiva "la preocupación y el esfuerzo" del Ejecutivo autonómico, agentes sociales y el resto de instituciones de la región por la lucha contra la siniestralidad laboral.

   Sin embargo, se objeta que, de acuerdo con la postura del Consejo de Estado, el proyecto de decreto "podría sobrepasar las competencias que la Ley atribuye a la Comunidad de Madrid en esta materia, dado que su contenido excede del ámbito organizativo".

   En este punto, el CES cita al Real Decreto de 2000 por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social para defender que "únicamente las sanciones muy graves son susceptibles de ser publicadas".

   "La Ley sólo ampara que se hagan públicas las sanciones muy graves en materia de prevención de riesgos laborales y no todas las sanciones de la referida materia, como se recoge textualmente en el apartado primero del artículo 1 del proyecto de decreto objeto de estudio", recoge el informe preceptivo.

   Otra objeción que hace el CES es que "es necesario un desarrollo reglamentario de la Ley por parte del Estado que determine el momento en el que se ha de efectuar la publicación de la sanción".

LOS SINDICATOS VOTARON EN CONTRA

   El CES es un órgano consultivo de la Comunidad de Madrid en materias económicas y sociales del que forman parte tanto los agentes sociales (empresarios y sindicatos) como expertos designados por el Gobierno regional.

   El informe emitido sobre el proyecto de decreto regional que regula la publicidad de las sanciones impuestas por infracciones en materia de prevención de riesgos laborales fue aprobado por mayoría de empresarios y expertos, mientras que CC.OO. y UGT hicieron votos particulares negativos.

   La negativa del grupo sindical se debe a que el dictamen rechaza su reivindicación de que también se publique el nombre de empresas sancionadas en vía administrativa, no sólo judicial, argumentando que desde la propuesta de sanción por parte de la Inspección de Trabajo hasta la resolución judicial confirmatoria "pueden llegar a pasar, agotando los plazos y sin contar con la tramitación del expediente sancionador, entre 36 y 40 meses".

   Para CC.OO. y UGT, esa dilación en el tiempo "resulta excesiva si el objetivo que pretende la norma es la de ser un elemento eficaz contra la siniestralidad laboral", pues para entonces puede ocurrir que la empresa en cuestión ya no exista, bien por fin de actividad --"en el sector de la construcción es habitual la creación de una empresa para la ejecución de una obra en concreto", advierten-- bien porque se modifique su nombre y hasta su personalidad jurídica.

   Asimismo, los sindicatos destacan que "el contenido normativo propuesto puede suponer que aquellas empresas que asuman la sanción y no acudan a la vía judicial obtengan la no publicación de la sanción impuesta aunque los hechos sancionados puedan ser causantes de mayor alarma social que los que sí busquen amparo judicial, quedando con ello en manos del empresario la opción de evitar la publicación de los hechos denunciados".

Fuente de los datos: EUROPA PRESS - 10/01/2007