El Gobierno pondrá en marcha en los próximos 10 meses un conjunto de medidas para combatir la siniestralidad laboral

   El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció hoy que su Departamento firmará próximamente con el Ministerio del Interior, el Consejo General de Poder Judicial y la Fiscalía del Estado un protocolo de colaboración para la investigación y vigilancia de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores, así como para la ejecución de las sentencias condenatorias.

   Caldera, que compareció en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, señaló que este protocolo, al que está previsto que se adhieran los sindicatos y el Consejo General de la Abogacía, tiene por objetivo establecer mecanismos de cooperación y canales de comunicación entre todas las partes para luchar contra la siniestralidad laboral.

   Este instrumento, explicó el ministro, intensificará la vigilancia para que se cumplan las penas, incluidas las de prisión, tipificadas en los delitos contra la salud y la vida de los trabajadores. "Se pretende que ningún supuesto penalmente responsable quede sin investigarse ni enjuiciarse y que se condene a los sujetos real y  no sólo formalmente responsables del siniestro, con el máximo rigor que corresponda, incluida la cárcel", subrayó.

   El ministro afirmó que este protocolo, que servirá de referencia para la suscripción de convenios específicos en las comunidades autónomas, contribuirá a reducir los accidentes laborales, al igual que la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2007-2012, objeto de su comparecencia de hoy en la Cámara Baja.

   Esta estrategia, pactada entre el Gobierno, los agentes sociales y las comunidades autónomas, contempla un centenar de medidas con dos objetivos: mejorar las condiciones laborales y las políticas preventivas, especialmente en las pymes, donde se producen un gran número de siniestros, y reducir al menos un 25% los siniestros laborales, hasta situar a España en niveles europeos.

   Aunque Caldera calificó de "inaceptables" las cifras de accidentes que registra la economía española, precisó que las estadísticas están reflejando una "continua mejora" de los siniestros laborales, hasta el punto de que el índice de incidencia actual es el más bajo desde 1994. En cualquier caso, añadió que los resultados no admiten autocomplacencias ni sirven de consuelo, por lo que esta estrategia es fundamental para combatir la siniestralidad.

YA ESTÁ LISTO EL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA.

   Para el desarrollo de la estrategia, Caldera anunció durante su comparecencia que el Gobierno ya ha desarrollado el plan de acción correspondiente, que irá mañana mismo a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aprobación.

   Dicho plan contiene medidas que se pondrán en marcha a lo largo de los próximos diez meses, hasta abril de 2008, o bien se iniciarán en este periodo aunque su desarrollo se extienda más allá de esta fecha. De manera inmediata, se implantará un nuevo plan de actuaciones prioritarias contra la siniestralidad, que velará por el cumplimiento empresarial de la normativa.

   A partir del próximo mes de septiembre, prosiguió Caldera, se establecerá un plan de asistencia técnica al empresario que cuente con menos de 10 trabajadores y se comenzará a estudiar la puesta en marcha de un sistema 'bonus-malus', que prime a las empresas cumplidoras con la ley y castigue a las que tengan mayores índices de siniestralidad.

   El plan incluye además la realización de una campaña publicitaria en los últimos meses del año que, con un coste estimado de 4 millones de euros, promoverá el desarrollo de la cultura preventiva. Asimismo, esta iniciativa contempla la elaboración de una guía para pymes, la creación, hacia el mes de octubre, de un observatorio estatal de condiciones laborales, el incremento de inspectores y subinspectores de Trabajo hasta llegar a 2.000 inspectores a final de legislatura, y una "importante" reforma de la normativa de prevención.

   Dicha reforma irá dirigida a mejorar la eficacia y la calidad del marco regulador de la prevención y a desarrollar un paquete de incentivos para aumentar los recursos preventivos de las empresas, implantar un 'plan renove' para los equipos y máquinas obsoletos, y establecer el sistema 'bonus-malus' anteriormente citado.

   Además, y dentro de la lucha contra los accidentes laborales, Caldera avanzó que el Consejo de Ministros de este viernes o, a lo sumo, el primero tras las vacaciones, aprobará el reglamento que desarrolla la ley reguladora de la subcontratación en la construcción en lo referente al registro de empresas acreditadas, el libro de subcontratación, las reglas para computar el número de trabajadores indefinidos y la simplificación documental de las obligaciones establecidas en las obras de construcción.

PP: MEDIDAS INCONCRETAS.

   Desde el PP, su portavoz en esta Comisión, José Eugenio Azpiroz, afirmó compartir los objetivos generales de la estrategia, pero criticó la "inconcreción" de algunas de sus medidas. "La música de esta estrategia nos parece bien, pero nos falta la letra", puntualizó.

   Azpiroz consideró adecuado que la estrategia contemple actuaciones sobre las pymes y los autónomos, pero insistió en que la estrategia "está incompleta" y carece de financiación. En este sentido, Caldera le garantizó que todas las medidas contarán con los recursos presupuestarios necesarios.

   Por su parte, el portavoz de CiU, Carles Campuzano, valoró positivamente el contenido de la estrategia, pero lamentó que se siga hablando de "estudiar" el sistema 'bonus-malus' en lugar de proceder ya a su implantación inmediata.

   El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, calificó de "importantes" las medidas anunciadas, pero denunció que deberían haberse tomado hace tiempo. Llamazares, que también reclamó un calendario para la estrategia, advirtió de que la siniestralidad está "estancada" y que para reducirla se necesita una mayor responsabilidad de los empleadores, más coordinación entre administraciones, más efectivos en la Inspección de Trabajo y una verdadera cultura preventiva.

   Desde ERC, PNV y BNG, sus representantes, Joan Tardà, Emilio Olabarría y Olaia Fernández, coincidieron en pedir a Caldera que transfiera a las comunidades autónomas la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El diputado vasco insistió además en que para acabar con la siniestralidad laboral es necesario erradicar la subcontratación "en cascada" y potenciar la fiscalía especializada en prevención de riesgos laborales.