El grupo parlamentario IU-ICV
en el Congreso insta al Gobierno a que amplíe la oferta
de plazas de empleo público para inspectores de trabajo
que permita que en 2012 haya un inspector por cada 7.000
trabajadores a fin de combatir la siniestralidad
laboral.
IU-ICV presentará al
Gobierno una moción consecuencia de interpelación
urgente por la que le pide aporte "precisiones" sobre
las medidas que ha puesto en marcha en materia de
prevención, inspección, investigación y cooperación
entre las distintas administraciones, en el ámbito de la
nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud laboral
2007-2012.
El grupo parlamentario
considera que antes de abril de 2008, el Ejecutivo debe
poner en marcha medidas en el ámbito judicial, como
impulsar el protocolo marco de colaboración entre el
Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General
del Estado y los Ministerios de Trabajo e Interior,
firmado el pasado 19 de septiembre, con la adhesión de
CCOO, UGT y el Consejo General de la Abogacía.
En este sentido, exige,
entre otros aspectos, que se dote al Fiscal provincial
especializado en siniestralidad laboral de los recursos
técnicos y humanos suficientes para desempeñar su labor
y que el Código Penal incorpore la tipificación como
delito del incumplimiento de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
En el ámbito de la
inspección, además de mayor dotación de inspectores, IU-ICV,
pide que se incrementen las dotaciones a la Inspección
de Trabajo y que se impulse la coordinación de ésta con
los agentes de inspección habilitados en las comunidades
autónomas.
En relación a las
empresas, que se desarrolle el Programa Especial de
Atención a las Microempresas, concretar el sistema "bonus-malus",
que prime o sancione a las empresas en función de la
siniestralidad que registren o limitar el acceso a
subvenciones públicas de las empresas que incumplan la
ley.
En cuanto a las
condiciones de trabajo, el grupo parlamentario
reivindica que se avance en medidas que reduzcan la
precariedad en el empleo y poner los medios para que se
cumpla estrictamente la Ley de Subcontratación.
Sobre las Mutuas, poner
los medios para garantizar el reconocimiento de todas
las enfermedades profesionales "acabando con el
subregistro actual", velar por que las Mutuas asuman su
obligación de declarar todas las enfermedades
profesionales.
También pide la
creación, en la Seguridad Social, de un servicio para la
atención y gestión de las reclamaciones de los usuarios
de las Mutuas de Accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
En materia de
representación, exigen que se ponga en marcha de forma
inmediata la nueva figura de Agentes de Prevención
Sectoriales y Territoriales nombrados por los agentes
sociales.
Con respecto a la
formación, que se organicen programas formativos en
prevención de riesgos laborales en todos los niveles
educativos en colaboración con el Ministerio de
Educación y que se refuerce la formación e información
en esta materia.
Añade que, en el ámbito
de la tramitación del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado 2008, el Gobierno incremente
"sustancialmente" las partidas asignadas a la lucha
contra la siniestralidad laboral. EFECOM lgp/pam