El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, anunció que un primer informe preliminar de la Inspección de Trabajo sobre el accidente de Burgos, en el que fallecieron diez personas, revela que existió un “incumplimiento elemental” en materia de prevención de riesgos laborales. “Con independencia de las causas que motivaron la explosión, se aprecia un incumplimiento elemental en materia de prevención de riesgos laborales, ya que la ley prohíbe que los vestuarios de una obra se usen para otras cuestiones”, dijo.

Jesús Caldera recordó que se trata de un primer informe pero que “se derivarán las oportunas responsabilidades” en función de las conclusiones finales de los investigadores del caso. “Parece evidente que algo se ha hecho mal”, apuntó. El ministro realizó estas afirmación durante un acto con la consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Andalucía en la Delegación del Gobierno de Sevilla.

Por su parte, el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, resaltó la plena colaboración del Gobierno regional para que se conozcan “exactamente” los motivos del accidente.

Mientras, las primeras hipótesis de los sindicatos para personarse contra la empresa Arranz Acinas por la explosión también apuntan a que la compañía incumplía el decreto 379/2001 sobre almacenamiento de productos químicos, uno de los reglamentos de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

La coordinadora regional del Servicio Técnico de Asistencia Preventiva de UGT, Laura Mínguez, explicó que esa normativa contiene obligaciones específicas para el almacenamiento de productos químicos como la gasolina si se superan los 50 litros, “algo que parece claro, porque la empresa, en su comunicado del jueves, habló de depósitos” almacenados en su local situado en la calle Sauce número 2 del barrio de Gamonal.

Mínguez concretó que, de haberse superado esa cantidad de combustible, el reglamento establece que las estructuras, techos y paredes del local deberían tener una resistencia al fuego RS-120, lo que supone que en las dos horas posteriores al incendio el habitáculo debe mantenerse en las mismas condiciones, sin sufrir daño alguno. “Si el local hubiese estado recubierto de hormigón, no se hubiera extendido el fuego, ni se hubiera producido la nube tóxica que acabó con la vida de los trabajadores por el poliuretano”, dijo. La misma normativa indica que si se superan los 50 litros, es obligatorio que el local cuente con dos accesos independientes. “Sólo tenía una salida. Si hubiese tenido dos, los obreros podrían haber escapado”, agregó.

Por otra parte, UGT y CCOO presentarán una denuncia conjunta ante la Fiscalía. Según el secretario regional de UGT, Mariano Carranza, solicitarán ser parte interesada en todo el proceso administrativo, para poder disponer de toda la información y personarse como acusación particular.