Así lo ha confirmado hoy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, quien cree que esta es una forma de fomentar las buenas prácticas de las empresas en materia de seguridad laboral.
"A nadie le gusta entrar en una lista como sancionado por este tema", ha dicho el portavoz de la Junta, quien ha asegurado que en esta materia la filosofía es de "tolerancia cero" y "da igual" que se apliquen estas medidas "en época de bonanza que en época de crisis".
La reunión ordinaria del Consejo de Gobierno de Castilla y León ha servido para aprobar un decreto que regula el procedimiento para dar publicidad a las sanciones por infracciones muy graves en prevención de riesgos laborales, los datos de las compañías que se harán públicos y la creación del registro de empresas sancionadas, así como el correspondiente fichero de datos de carácter personal.
La normativa establece que la publicación de la sanción se producirá cuando la dirección general competente en materia laboral dicte una resolución, que será incluida en el Boletín Oficial de Castilla y León y en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente al domicilio social de la empresa.
La publicación de la sanción se realizará en un plazo de no más de tres meses desde que se considere firme y cada trimestre la Consejería de Economía y Empleo publicará en su web la relación de empresas sancionadas.
Los datos de la empresa sancionada que se aportarán para conocimiento de la sociedad serán su nombre o razón social, el sector al que dedica su actividad, el DNI de las personas físicas o el Código de Identificación Fiscal de las personas jurídicas, el domicilio social, la infracción cometida, la cuantía de la sanción económica impuesta, la fecha del acta de la infracción y la fecha en la que la sanción se establece como firme.
Además de esta publicidad en la web de la Consejería de Economía y Empleo, la creación de un Registro Público se dedicará exclusivamente a las empresas que sean sancionadas por infracciones muy graves, aunque sólo serán incluidas en esta relación aquellas que tengan su domicilio fiscal en Castilla y León.
Los datos de estas empresas permanecerán en el registro adscrito a la Consejería competente en materia laboral durante los cinco años siguientes a su inclusión, según ha explicado el portavoz de la Junta de Castilla y León.
Además de este acuerdo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un desembolso de 289.920 euros para realizar obras que eviten riesgos en las explotaciones mineras abandonadas en la localidad leonesa de Torre del Bierzo, en concreto para impedir el acceso de personas a una balsa de finos de carbón localizada en el núcleo urbano de esta población.
Las labores de recuperación de este entorno incluyen la integración paisajística de cielos abiertos, la reducción del impacto ambiental y visual de las áreas afectadas, la protección de la red hidrográfica para evitar la erosión del suelo y las actuaciones en pistas para paliar su inestabilidad por corrimientos de terrenos.
