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El fiscal general del Estado, Cándido
Conde-Pumpido, pidió ayer que el poder judicial asuma
una mayor vigilancia como parte de los esfuerzos para
reducir los altos niveles de siniestralidad laboral en
España, que siguen por encima de la media de la UE.
Conde-Pumpido aseguró que la acción penal está
infrautilizada en la lucha para prevenir accidentes
laborales y calificó la actuación preventiva de los
tribunales de "prácticamente inédita". El
fiscal general realizó estas declaraciones en unas
jornadas sobre la prevención de riesgos laborales
organizada por la Fundación La Caixa y el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ).
En su intervención, el fiscal general aseguró que en
los esfuerzos por reducir los accidentes laborales en
España es necesario que el poder judicial intente
asumir un papel preventivo. La protección penal, aseguró,
debería realizarse antes de que se produzca el
accidente. La actuación de la justicia, sentenció,
termina llegando tarde y además se hace con lentitud.
El fiscal general también defendió una mayor
"presencia activa" del Ministerio Fiscal en
esta materia. Dijo que es necesario lograr una mayor
especialización de los fiscales e intentar realizar un
seguimiento de las causas que llevan a un accidente
laboral y aumentar la coordinación de la justicia y las
autoridades laborales. Conde-Pumpido también lanzó una
crítica hacia el mercado laboral. La desesperación por
obtener un empleo, explicó el fiscal general,
contribuye a que muchos acepten trabajar en condiciones
"profundamente indeseables".
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