MADRID. Un planeta sin contaminantes y libre de toda
exposición tóxica es una utopía que el ser humano ha
visto alejarse cada vez más en los últimos años. El
hombre tiene que pagar esos costes, innecesarios a veces,
para poder alcanzar el progreso del que se beneficia. Pero,
lejos de lo que todo el mundo piensa, esos peligros no sólo
nos acechan en los espacios abiertos, sino que gran parte de
ellos se encuentran dentro de nuestras casas, en el colegio
o en nuestros lugares de trabajo.
En 2003, según un informe de Comisiones Obreras, el 22 por
ciento de los trabajadores inhalaban algún tipo de
sustancia tóxica, cinco puntos más de lo que sucedía en
1987. Una situación que se ha ido agravando a pesar de las
regulaciones que se han desarrollado en esta materia (sobre
todo las provenientes de Bruselas) y que ha llevado a crear
un nuevo término para la contaminación interior: síndrome
del «sick building», el edificio enfermo.
Hoy, la Unión Europea se dispone a aprobar una normativa de
aplicación directa a todos los países miembros que vendría
a controlar la producción y uso de artículos tóxicos. A
este reglamento lo han llamado Reach y supone un intento por
ampliar la información que se ofrece sobre cada artículo
que utilizamos. Con todo, está ya siendo polémico antes de
entrar en vigor.
Reach,
la aduana de la química
La propuesta de Reglamento surgió en octubre de 2003 del
Consejo de Ministros Europeo para unificar y sustituir las más
de 40 directivas comunitarias que existen al respecto. Reach
instituye un sistema de Registro, Evaluación, Autorización y
Restricción de Sustancias Químicas, creando para ello la
Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Pero aún
es un proyecto que necesita de la ratificación del Parlamento
Europeo, prevista para después del verano. De salir adelante,
obligará a las empresas que fabrican e importan productos químicos
a evaluar los riesgos derivados de su utilización y a adoptar
las medidas necesarias para gestionar cualquier riesgo
identificado.
La Comisión Europea será la encargada de dar la autorización,
la aduana, valorando el nivel de riesgo y el posible interés
socieconómico del uso de esa sustancia. En el caso en el que
sea posible, Reach propone una sustitución de todo elemento
contaminante por aquel que no lo sea, hecho que las industrias
químicas han considerado como un «sobrecoste».
Nombres,
no números
La otra cara de la moneda son las víctimas, intoxicados de
uno u otro modo, que en la mayoría de los casos eran
totalmente desconocedores de los riesgos que entrañaba el uso
de tales sustancias. Muchos de ellos luchan ahora por medios
legales contra las empresas para las que trabajaban en busca
de un reconocimiento económico para poder tratar las secuelas
que estos productos les han dejado.
Carmen Gómez resultó intoxicada por pesticidas en su puesto
de trabajo. Esta trabajadora de la Tesorería General de la
Seguridad Social en Granollers afirma que «allí, y en otras
muchas oficinas más, fumigaban preventivamente, sin ser
necesario». La exposición a ese ambiente viciado en un «espacio
hermético» le llevó a desarrollar un cáncer del que ha
sido recientemente operada. Ahora es la presidenta de la
Asociación Adquira, con sede en Barcelona. En ella se reúnen
varios afectados por exposición a estas sustancias tóxicas
en lugares de trabajo con el fin de defender sus derechos y
prevenir más accidentes químicos.
Graves
enfermedades
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) asegura que
cada año mueren 440.000 personas por ir a trabajar, siendo
los productos químicos los protagonistas de unos 10.000
accidentes laborales en ese mismo periodo de tiempo. Ejemplo
de ello son los casos que Carmen ha conocido a través de la
fundación que preside. «Dos de mis compañeras, jóvenes
todavía, murieron de cáncer, y ahora sabemos el porqué.
Otros muchos estamos muy enfermos, a mí me acaban de operar
de un cáncer de endometrio, hay una persona con un cáncer de
garganta, y varios casos de leucemias raras». Este es el
balance que la presidenta de Adquira nos ofrece. «Y por si
esto no fuera suficiente, tenemos que luchar contra el «gigante»
Estado para demostrar en los tribunales lo que ellos niegan
que haya sucedido», concluye con rotundidad.
Octavio Cardona también está en la lucha. Se intoxicó «poco
a poco», en su trabajo en un hipermercado. Diez años que le
provocaron cansancio extremo, taquicardias o pérdidas de visión
entre otros males. «Todos los médicos me decían que tenía
gripe o gastroenteritis. Me preguntaban si en mi trabajo usaba
químicos. Yo respondí que no, porque no relacionaba los
productos que manejaba con sustancias que pudiesen hacer daño»,
añade.
Un cáncer
por fumigar
A Lola Fernández le detectaron un tumor en el pulmón tiempo
después de que empezara a sentirse mal en 1999. Ella y sus
trece compañeras de trabajo sufrieron una intoxicación de
organofosforados por limpiar en habitaciones recién
fumigadas, agravada por los productos de limpieza. «Tuve que
esperar mucho tiempo hasta que un médico me dio un diagnóstico
acertado de lo que ocurría» asegura.
Mario Arias o Laura Fernández (miembros también de la
asociación Adquira) son otros nombres que podríamos añadir
a esta lista de afectados, en la que entramos todos, por una
contaminación que no se ve.
