El
portavoz del BNG, Francisco Rodríguez, defiende hoy una
moción en el pleno del Congreso para que el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales elabore un plan de medidas
globales, especialmente sociales, laborales y
administrativas, destinadas a trabajadores afectados de
asbestosis (enfermedad provocada por el amianto) y a sus
familias.
La moción
del BNG es consecuencia de la interpelación que se
celebró en el Pleno del pasado miércoles, y persigue
la adopción de medidas para la reparación o
indemnización de las personas afectadas por absestosis,
a través de cambios oportunos, que incluyen la
flexibilización de criterios para reconocer 'enfermedad
profesional', tanto en los trabajadores expuestos al
amianto como a toda aquella persona afectada, incluso no
habiendo trabajado directamente con el mineral.
Rodríguez
pedirá además que la absestosis se considere
invalidante por parte de los Equipos de Valoración de
Incapacidades, de acuerdo con los informes que se emitan
por las unidades médicas específicas.
La
iniciativa incluye la afirmación en el futuro Cuadro de
Enfermedades Profesionales, y en relación con la
absestosis, que la carga, descarga o transporte de
mercancías que pudieran contener fibras de amianto es
capaz de producir la enfermedad, y que exista la
posibilidad de declarar la incapacidad permanente, total
o en mayor grado, cuando no existan, dentro de las
empresas, puestos de trabajo exentos de riesgo por
amianto, compatibles con el estado de salud del
trabajador.
SISTEMA
DE INDEMNIZACIONES
Asimismo,
el BNG propone un sistema público de indemnizaciones
para los afectados a través de un fondo económico que
cuente con los recursos suficientes, y esté encargado
de tramitar y gestionar esas indemnizaciones, además de
la promulgación de una norma que posibilite ceses o
jubilaciones anticipadas y la trasposición del artículo
12 de la Directiva de la Comisión Europea de 2003 en
sobre este tema, para homologar las empresas de
desamiantado con carácter previo a la oferta de sus
actividades en el marcado.
La
propuesta busca aprobar y ejecutar, en colaboración con
las administraciones sanitarias, y previo acuerdo con
las comunidades autónomas, un programa de vigilancia de
la salud de los trabajadores expuestos al amianto que
comprenda la indentificación de las poblaciones de alto
riesgo, así como las situaciones sobre las que actuar
de forma preventiva.
En este
sentido, también requiere un registro fiable y global
de afectados, teniendo en cuenta vecinos que vivan en
zonas de riesgo, la elaboración de un protocolo de
autopsias, el impulso de unidades de controles médicos
preventivos, la coordinación entre ámbitos sanitarios
y laborales y el desarrollo de métodos de tratamiento,
rehabilitación o prevención de la absestosis.