• Los
seropositivos sufren discriminación también en el acceso a
becas e hipotecas
La lucha contra el sida sigue
estancada en el capítulo de la no discriminación. Un informe
presentado ayer por la ministra de Sanidad, Elena Salgado,
revela prácticas de exclusión en España en el ámbito
laboral, que se han traducido en despidos y en cambios en las
condiciones de empleo. La investigación, realizada por la
Universidad Carlos III en colaboración con Cruz Roja mediante
2.139 entrevistas, recoge un total de 596 prácticas
discriminatorias en otros campos como la sanidad, el acceso a
becas y servicios y la contratación de seguros, que conlleva
la denegación de créditos e hipotecas.
PRUEBAS ILEGALES
El coordinador del informe, Rafael de Asís, explicó que en
el ámbito laboral se realizan pruebas ilegales de
seropositividad y se incluyen preguntas en los formularios o
en las entrevistas de reclutamiento de personal para conocer
si el candidato es seropositivo. También abundan las
denuncias en la práctica sanitaria de aislamiento de
pacientes, realización de pruebas sin consentimiento y
revelación pública de su enfermedad.
La discriminación y la restricción del acceso a algunos
servicios, como balnearios, residencias y pisos tutelados, se
basa en numerosas ocasiones en la aplicación errónea del
criterio de "enfermedad infecto-contagiosa" al
VIH/sida, según el informe.
El director ejecutivo del programa de Naciones Unidas para el
sida (Onusida), Peter Piot, alabó el trabajo, pionero en el
mundo, y advirtió de que la consecuencia más grave de la
discriminación es que, además de violar la dignidad de este
colectivo y vulnerar sus derechos humanos, limita la
efectividad de las políticas contra el sida, ya que desanima
a las personas a que se realicen la prueba y las lleva a
ocultar su seropositividad para no ser discriminadas.
MEDIDAS
Salgado recordó que, en la encuesta oficial sobre hábitos
sexuales del 2005, uno de cada tres españoles afirmaron que
no trabajarían o estudiarían con un infectado por VIH.
"Esto no es admisible en una sociedad democrática. Debería
avergonzarnos", comentó. La ministra anunció entre las
medidas de su departamento en el 2006 una partida de cinco
millones de euros a las autonomías para luchar contra el
estigma de los seropositivos.
