Con esta filosofía y estas estimaciones el estado de California en EEUU ha aprobado una ley histórica. Por primera vez en Estados Unidos y en los principales países occidentales será obligatorio que todas las nuevas viviendas construidas a partir del año 2020 lleven incorporados paneles fotovoltaicos para suministrar el consumo de luz de esos hogares así como para mantener la temperatura de los mismos.

La normativa “ahorrará energía, bajará las facturas de servicios, mantendrá las casas confortables en las olas de calor cada vez mayores y reducirá la polución de los edificios de California”, ha explicado Pierre Delforge, científico superior del Consejo Defensor de los Recursos Naturales, en el USA Today donde ha calificado la “medida pionera”.

El proyecto estima que a partir de 2020 se construyan con estos nuevos requisitos más de 100.000 casas unifamiliares y unos 50.000 edificios de apartamentos. Además de paneles solares también deberán cumplir determinadas reglas para asegurar el aislamiento térmico, la eficiencia de los electrodomésticos e refuerzos para aumentar la capacidad de almacenamiento de las baterías.

La eficacia en el sistema de almacenamiento es clave, según han explicado a los medios de comunicación Robert Rayme, director técnico de la Asociación de Construcción Industrial de California. puesto que serán la herramienta que permita acumular energía barata y usarla en momentos de picos de precio o demanda. En total, el coste estimado de adecuar las nuevas edificaciones a esta normativa está estimado en algo menos de 10.000 dólares, que se amortizarían en los primeros años de la hipoteca puesto que los cálculos iniciales estiman un ahorro de 19.000 dólares en 30 años de instalación.

Las principales críticas a esta medida han llegado del sector inmobiliario desde donde ponen el acento en el impacto que puede tener esa subida de precio en el ya complicado sector inmobiliario californiano.

Mientras en España un país con características muy similares medioambientalmente a las de California, los planes de Gobierno van en la dirección totalmente opuesta.

Hace apenas unos días, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, se ratificaba en la normativa actualmente vigente que penalizar el autoconsumo de energía fotovoltaica, más conocida como impuesto al sol.

Su argumento reclamaba un dudoso principio de solidaridad. Según el cual si aumentase mucho el número de autoconsumidores, se incrementaría la factura del resto ya que tendrían que hacer frente una serie de costes fijos que en la actualidad se incluyen también en el tramo variable de consumo de la factura de la luz.

Es decir, en lugar de trabajar en favor de una estructura de costes más coherente con una economía de mercado, el Gobierno español prefiere perder el tren de las una energía que permitiría a España reducir considerablemente el coste financiero que implica su dependencia del petróleo además de favorecer el medio ambiente.

“Para quienes conocemos este sector, la situación es inexplicable. De hecho, el ministro Nadal no ha conseguido ofrecer una explicación convincente a por qué en lugar de apostar por una energía eficiente y de futuro prefiere mantener el complicado sistema actual” asegura Jorge Morales, experto en energías renovables.

Según explica Morales, las energías renovables ya han conseguido ser rentables por si mismas en España, sin necesidad de primas (realidad que también reconoció el ministro Álvaro Nadal en la mencionada intervención), por ello la única explicación para que el Gobierno no esté apostando por ellas con iniciativas como la californiana o similares es porque “está apostando por una excesiva prudencia a la hora de abordar la transición energética”, asegura Morales.

Nadal, por su parte, considera que el sistema eléctrico español está preso de errores pasados, por ejemplo el exceso de primas a las energías renovables del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, y que es un lastre del que costará unos años desprenderse.

Estos, entre otras muchas cosas, son los que engordan una parte de la factura eléctrica que carga a los contribuyentes con unos llamados costes fijos, que se pagan con independencia del consumo energético y que impiden una verdadera competencia en el mercado.

“Lo normal sería que, como ocurre por ejemplo cuando compramos gasolina, todo esté ligado al consumo aunque eso implique que el precio de cada kilovatio suba como sube el litro de gasolina.”, explica Morales.

¿Y qué ocurre en un mercado en el los costes son tan altos? Pues que los usuarios buscan alternativas y estás llegarían sin duda de las energías renovables, que parecen ser justo las que no se quieren incentivar.

Enlace a la noticia en La Vanguardia