La noticia se publicó en el periodico Cinco días el 27 de enero. Añadimos un porcentaje que falta en los datos presentados, curiosamente el más importante y el más elevado, y nuestra discrepancia con la efectividad de una medida adoptada por el Gobierno. Incluimos un gráfico de la evolución de los accidentes de trabajo por sectores, público y privado.
La reciente aprobación definitiva de la Ley de Mutuas prevé poner el colofón al intento del Gobierno por reducir el gasto en incapacidad temporal (IT), más popularmente conocido como bajas temporales. Las cifras publicadas por la Seguridad Social (que incluyen a trabajadores del sector público y privado) avalan que el pago de prestaciones por IT a los trabajadores es una de las partidas más abultadas de su presupuesto. Con los últimos datos publicados, Empleo estima que en 2014 el sistema desembolsó por este concepto un total de 4.878,37 millones de euros, un 2,72% menos que un año antes.
El descenso es mucho más significativo si se compara con 2008, el año en el que se alcanzó el máximo de la serie histórica, que arranca en 1990, con un total de 7.533,87 millones. Si se comparan ambas cifras, el desplome alcanza el 35,2%. No en vano, en los últimos seis años el gasto en IT se ha ido reduciendo ejercicio tras ejercicio a un ritmo del 6,9% anual, aunque en 2012, coincidiendo con los cambios normativos aprobados por el Ejecutivo para el sector público, el retroceso fue del 14,11% anual.
¿Qué factores explican este descenso en el gasto? Por un lado, la crisis y la fortísima destrucción de empleo que ha provocado. Al haber menos trabajadores con empleo, se registran menos procesos de incapacidad temporal. Pero no conviene olvidar que la recesión también ha provocado que muchos empleados que en otra coyuntura económica causarían baja en su empresa, se han resistido a hacerlo por miedo a perder su puesto de trabajo. A esta circunstancia, desde 2012 se le añade la cuestión económica.
El Gobierno aprobó en esa fecha cambios en el régimen retributivo de la IT que son de aplicación para todo el personal de la Administración. El objetivo era frenar el volumen de ausencias de corta duración (inferiores a 15 días) que se contabilizan cada año.
Menor duración
De ese modo, a partir de esa fecha, los funcionarios y empleados públicos que causaran baja por contingencias comunes ven reducido su salario los tres primeros días de incapacidad un 50%, si la baja se prolonga de cuatro a 20 días, pasan a percibir el 75% de sus retribuciones y si se trata de una dolencia más grave, lo que provoca una baja de más de 21 días, solo en ese supuesto es cuando cobran el 100% de su sueldo; tal y como ocurría antes de la reforma en todos los casos y desde el primer día de la baja.
Por ello, los sindicatos de la función pública vienen denunciando desde que entró en vigor este recorte de la prestación que son muchos los empleados de la Administración que para evitar un descenso de su salario acuden a su puesto de trabajo enfermos, lo que repercute en un peor servicio al ciudadano y hace que procesos que en condiciones normales serían breves, se alarguen en el tiempo. Por su parte, fuentes del Ejecutivo reconocían en privado que aunque sólo con las cifras era difícil de demostrar, había fundadas sospechas de que algunas de esas bajas cortas eran fraudulentas.
En este sentido, responsables de Administraciones Públicas están ultimando un estudio para evaluar cómo ha disminuido el absentismo laboral y cuánto ha ahorrado la Administración con estas medidas. Hacienda atribuye a la dificultad que supone recabar datos de todas las Administraciones el retraso de estos cálculos, el mismo argumento que esgrimen fuentes sindicales. Entretanto, la Seguridad Social mide la incidencia de las bajas utilizando otros parámetros.
Así, en la duración media de los procesos se puede comprobar cómo ha pasado de 47,7 días antes de la crisis (años 2006) a 37,7 días al cierre de 2014. El número medio mensual de procesos iniciadostambién se está recortando, desde los 483.011 registrados en 2007 hasta los 271.402 del año pasado (sin duda cifras influidas por el descenso en el número de ocupados). Otro de los indicadores que precisamente filtra ese factor es el que mide la incidencia de las bajas por cada 1.000 trabajadores. Antes de la recesión era de 30,9 y en 2014 disminuyó hasta 18,8.
Enlace a la noticia original en Cinco días.
Nuestros comentarios.
Para poder tener una idea «propia» de la situación, consideramos necesario poder ver las cifras sin los comentarios de las partes implicadas que, con o sin intención, están influenciados por cuestiones ajenas a la realidad.
De las cifras citadas, la más importante es la que se cita en último lugar en la noticia: el índice de incidencia, que relaciona las bajas con la población ocupada, por lo que la disminución de los trabajadores no influye en la evolución del índice.
Según la noticia el índice de incidencia de las bajas disminuyó del 30,9 al 18,8 en 2014. És decir, la población que sigue ocupada está un 39,2% menos de baja en 2014. El un porcentaje muy elevado y el más alto de todos los que se citan en la noticia, que nos hace dudar de la necesidad de los esfuerzos del Gobierno por reducir el gasto en incapacidad temporal.
Por otra parte, no creemos que sea posible que los cambios adoptados por el Gobierno en 2012 en el régimen retributivo de la IT del personal de la Administración hayan supuesto un descenso del 14,11% en el total del gasto en IT, frente al 6,9% anual de promedio de los últimos 6 años,como da a entender la noticia, por una cuestión de lógica estadística.
En el enlace de la noticia a la SS no consta la desagregación por sectores, pero tenemos otros datos. Según los datos de la EPA del INE, la población ocupada el año 2012, en media anual, fue de 17.632.650 personas, 11.461.050 asalariadas en el sector privado, 3.112.350 en el sector público y 3.059.250 como trabajadores por cuentra propia. Es decir, en el sector publico y en 2012 trabajaban el 17,65% de los ocupados, menos de una quinta parte del total.
No es posible que una quinta parte de los ocupados aumente el descenso del coste total de las IT un 7,21% (del 6,9% al 14,11%), ya que ello supondría, teniendo en cuenta la población ocupada en cada sector, que si el descenso en el sector privado fue del 6,9%, la media anual, en el sector público tendría que haber sido del 54,53%, para poder alcanzar la media del 14,11% en 2012.
Por otra parte, en la la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno en 2012 sobre las bajas comunes, hay que descontar el coste del aumento de los accidentes de trabajo, que en precisamente en 2012 rompe su tendencia a la baja con un aumento del 3,2% y en 2013 registra un incremento del 25,1%, lo que eleva la tasa de incidencia de los accidentes con baja de los trabajadores públicos a 25,3 (accidentes por 100.000 trabajadores), la tasa más elevada desde 2007 (24,7). Es decir, los trabajadores públicos se accidentan más en el trabajo en 2013 que antes del inicio de la crisis económica.
¿A que se puede deber este cambio de tendencia y el elevado aumento de 2013? Pueden haber más, pero una causa importante es el trasvase de accidentes antes considerados comunes a accidentes laborales, de acuerdo con las cifras expuestas.
Debemos recordar que es la Mutua quien decide si el accidente es laboral o común, pero para ello también es necesario que el trabajador lo solicite, y parece evidente que hasta 2012 muchos trabajadores públicos no lo hacían.
En el siguiente gráfico podemos ver la evolución de la tasa de incidencia (accidentes por cada 100.000 trabajadores) de los accidentes laborales de los asalariados en el sector público y en el privado.
En el gráfico también se aprecia que los trabajadores públicos sufren menos accidentes y la escasa influencia de este sector en el total del índice de incidencia, debido a su inferior número de trabajadores.
Los datos de los accidentes de trabajo se han obtenido de la Subdirección General de Estadísticadel Ministerio de Empleo y SS, Los índices de incidencia se han calculado con la población ocupada de la EPA del INE
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