Altos mandos militares, políticos que cruzaron la puerta giratoria o familias que se han lucrado con la industria militar española durante décadas y las multinacionales facturaron 10,7 millones en 2016, con casi completa opacidad
La cifra se ha publicado en distintos medios, como la Vanguardia, EuropaPress o la misma Asociación de empresas del sector, la TEDAE.
La primera parte de este artículo es la noticia es del artículo publicado en Publico.es, que os invito a leer completo y del que extraigo una parte.
La principal característica de la industria militar española es que no existe. Desde los grandes grupos multinacionales a las empresas familiares, los fabricantes de armas operan en un sistema diseñado para ocultarlos. No producen misiles, ametralladoras, ni explosivos, sino material de defensa. No existen para el Parlamento, que solo puede supervisar su actividad cuando sus productos ya han sido fabricados y vendidos. Productos que ni siquiera existen cuando llegan al país de destino, puesto que el Gobierno no supervisa nunca en qué se emplean.
“La ley española de comercio de armas solo obliga al Gobierno a informar de los países a los que se exporta armamento y del volumen total de la exportación, en euros. No requiere que se haga mención a la empresa ni al tipo de arma que vende, sino que permite que se hagan epígrafes tan amplios como material aeronáutico para definir sistemas de reabastecimiento de combustible en vuelo, que se utilizan en bombardeos. La ley está diseñada para avalar el secretismo“, resume Pere Ortega, del Centre Delàs d’Estudis per la Pau (de la Fundación Justícia i Pau).
Dicha ley establece que un órgano gubernamental, la JIMDDU, evalúe cada exportación de armas por si hay riesgo de que se utilicen para violar derechos humanos o cometer crímenes de guerra. No obstante de cara al ciudadano este órgano tampoco existe, puesto que las actas de sus deliberaciones son documentos clasificados y, por tanto, secretos. En cualquier caso, el porcentaje de autorizaciones denegadas ronda cada año el 1%, por lo que no está muy claro que exista tampoco para los vendedores de armas.
“Cuando nos hemos reunido con ellos, el Gobierno aduce a que como son tan rigurosos, las empresas presentan solo aquellos contratos que saben que se van a autorizar”, relata, incrédulo, Alberto Estévez, portavoz de Armas bajo control. Esta iniciativa, integrada por Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace y Oxfam Intermón para regular el comercio de armamento, señala en su último informe que España tiene vastas áreas de mejora en cuanto a la transparencia, del proceso, el control parlamentario y la supervisión de las armas sobre el terreno.
Sin embargo, en la industria inexistente hay un factor que todos publicitan: el dinero. Según Tedae (la patronal de empresarios de armamento), las 78 empresas de armas españolas facturaron 10.700 millones de euros en 2016. Exportaron el 83% de sus productos, convirtiendo a España en el séptimo exportador mundial de armas, y dieron trabajo a 55.861 personas.
El artículo sigue con la relación y actividades de las siguientes personas vinculadas a la industria militar española: José Fernando Sánchez-Junco Mans, presidente de Maxam, Enrique Sendagorta, presidente de honor de Sener, Carlos Gómez Arruche, ex-director general de la Guardia Civil y alto cargo en Airbus, Esteban García Vilasánchez, presidente de Navantia, Jokin Aperribay, presidente de la Real Sociedad y de Sapa Placencia, y Carlos Villar Turrau, ex Jefe del Estado Mayor del Ejército y consejero delegado de Santa Bárbara Sistemas.
Sobre la posible venta de armas a DAESH, citamos el mismo artículo:
El armamento de Maxam ha aparecido en zonas de conflicto, ese al que se supone que nunca debería llegar. En 2015 las autoridades turcas interceptaron un cargamento de 21 toneladas de sustancias explosivas a punto de cruzar a Siria. “Lo que hizo saltar las alarmas a los agentes fronterizos era la vía elegida: el cargamento iba dirigido a Amán, la capital de Jordania, a través de Siria, un país sumido en una cruenta guerra civil, por una ruta controlada por grupos rebeldes, algunos de ellos de corte yihadista”, reveló entonces Vice News. Según los expertos, había muy pocas probabilidades de que el cargamento llegara a su destino. Es cuestionable incluso que alguien lo estuviera esperando en Jordania.
Puedes leer más detalles de esta “operación” en la web del ya mencionado Centre Delàs d’Estudis per la Pau. en el artículo Explosivos españoles a yihadistas y cómo sortear la ley, en el que consta que una parte de los explosivos transportados “desaparecieron”. (En castellano)
También es interesante visitar la web de la Asociación Española de Empresas Tecnógicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE), citada en el artículo, y en la que puedes encontrar la Jornada TEDAE sobre Aspectos Legales y Tecnológicos en la Lucha contra el Terrorismo Internacional, en la que un Magistrado de un Juzgado de Instrucción, un Inspector Jefe de la INTERPOL y un Teniente Coronel de la Guardia Civil coincidieron en destacar el papel fundamental de la cooperación internacional para luchar contra el terrorismo, y los significativos avances producidos en esta dirección.
Entre esos mencionados avances se encuentra el integrar a la Ertzainza de Euskadi en Europol, pero todavía no a los Mossos de Escuadra de Catalunya. Sobre este hecho, puedes consultar la noticia de la Vanguardia del 16 de junio.
Artículo redactado por Josep Orrit Virós
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